Basta a los recortes. ¡HASTA AQUÍ!

Si el Gobierno no tiene alma, que coja la calculadora…
LOS DATOS DE CONTABILIDAD PÚBLICA QUE OFRECE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EVIDENCIAN LAS GRAVÍSIMAS CONSECUENCIAS DE LA REFORMA DE RÉGIMEN LOCAL QUE HA PROPUESTO DEL GOBIERNO

  • Las Entidades Locales gastaron 8.331 millones de euros en 2012 en educación, sanidad y servicios sociales
  • 5.118 millones en servicios sociales, 2.410 en educación y 802 en sanidad
  • De cada tres euros que se gastaron en servicios sociales en España en 2012 uno fue gestionado por Administraciones Locales

Son datos de un estudio realizado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, a partir de los datos oficiales de la gestión de presupuesto (Liquidación 2012) que figuran en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y que por primera vez permiten constatar el gasto que las Entidades Locales españolas realizan por funciones o políticas de gasto. Una información inédita y relevante, ya que coinciden con el debate en el Congreso de del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que vacía de competencias a las entidades locales en materias como servicios sanitarios, educativos y sociales.

De estos datos se deduce que la Reforma Local, tal y como está planteada en el Proyecto de Ley, puede constituir uno de los mayores errores contenidos en el Plan Nacional de Reformas. Este Proyecto de Ley redefine (más bien suprime) lascompetencias municipales en tres materias: educación, sanidad y servicios sociales.

Nadie puede negar que sea muy deseable que se racionalicen las competencias y se eviten solapamientos y sobrecostes que las Administraciones nunca debieron soportar, pero –al menos en lo referido a los servicios sociales- el impacto de la reforma tal y como está planteada supone una aberración técnica que, lejos generar ahorro, trasladará el gasto a las Comunidades Autónomas e incrementará el mismo.

Para realizar las modificaciones en materia de sanidad y educación, se da un plazo de cinco años, mientras que para dejar de prestar servicios sociales de proximidad, este plazo se reduciría a un solo año. Pero, ¿alguien sabe realmente de qué dimensiones estamos hablando?

Podéis consultar:

CGTS

(Imagen el Consejo General de Trabajo Social)

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