Este fin de semana el Gobierno de Rajoy, ante los alcaldes del PP, ha presentado la reforma de la Ley de Administración Local que aprobarán por Decreto el próximo 25 de enero de 2013.
Entre las novedades más significativas nos encontramos con que las competencias en materia de Sanidad, Educación y Servicios Sociales recaerán de manera íntegra en las Comunidades Autónomas.
Paralelamente el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que dirige Ana Mato abandona la financiación del Plan Concertado y deja en una situación muy difícil tanto a las administraciones locales como autonómicas para sostener los servicios sociales básicos ya que se les ha prohibido endeudarse para cumplir el objetivo del déficit.
Estas noticias se producen en un momento considerado de auténtica emergencia, por el número de personas y familias afectadas, por la gravedad de las situaciones de pobreza, por los riesgos de exclusión social y por las tendencias negativas de todo ello.
En consecuencia, ¿QUÉ HACE ARAGÓN?:
– Ir disminuyendo poco a poco el presupuesto que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales destina a los Servicios Sociales municipales, los más cercanos a la población, situándonos en cuantías similares al año 2007, en un momento en que uno de cada diez aragoneses ha sido atendido por los servicios sociales, incrementándose en un 45% la demanda desde 2008.
– Crear un Fondo para la inclusión y la ayuda familiar urgente que va especialmente dirigido a hacer frente a las situaciones personales, familiares y colectivas de mayor vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Esta competencia directa de los municipios aragoneses pretendería transformarse de derecho a beneficencia.
Marea Naranja Aragón 