Atención a la dependencia: de la esperanza democrática a la austeridad que mata.
6 de Mayo, 2015
La atención y cuidados a las personas dependientes y discapacitadas ha sido siempre cosa de familia, es decir, de mujeres. De las mujeres cuidadoras. La Ley de la Dependencia vino a romper con esta situación injusta e insostenible y ofreció la posibilidad y la garantía, por derecho, de que las personas dependientes tuvieran unos cuidados y una atención públicas y profesionales para liberar a las mujeres cuidadoras y garantizar servicios de calidad.
La realidad es que la Ley empezó llena de esperanzas y expectativas, pero con mal pie. El gobierno del PSOE, que tuvo el valor de impulsarla y aprobarla, no garantizó una financiación suficiente ni inversiones potentes para dotar al Sistema de la Dependencia de servicios de calidad y creadores de empleo: residencias y centros de día, pero sobre todo servicios de promoción y de ayuda a domicilio. Así que vino la crisis y la austeridad y ¿por dónde empezar los recortes sino por el sistema más tierno y nuevecito? Total, siempre tendremos a las mujeres dispuestas a sacrificarse y a los dependientes y discapacitados que se conformarán con su suerte.
Primero se endureció la entrada en el Sistema con un baremo y una aplicación más restrictiva. Luego se retrasó la entrada al sistema de los dependientes moderados hasta julio de 2015. Se redujeron las prestaciones económicas, sobre todo, la ayuda a las familias cuidadoras, un 15%, y se retiró al pago a la Seguridad social de las cuidadoras. Como decía una de ellas el otro día en el Espacio de Información, Promoción y Defensa de los derechos sociales, “antes era una trabajadora y con Seguridad Social, ahora no soy nada, sólo una hija para su madre”. Y, sobre todo, encontraron la manera de que cada vez entraran menos dependientes al sistema, con retrasos administrativos y triquiñuelas. Encima, redujeron la lista de espera. La cuadratura del círculo!
Así lo hizo el Gobierno de la nación: en tres años y tres meses apenas ha aumentado el número de personas dependientes que reciben prestación (sólo 28.000 más). Por eso han reducido la lista de espera. Pero el gobierno de Aragón, el gobierno PP-PAR, ha sido maestro de los recortes y del desamparo de las personas en situación de dependencia: en los casi cuatro años de mandato, desde julio de 2011 hasta febrero de 2015 (últimas cifras oficiales), ha pasado a atender 7.646 personas menos, un 31,4%. Con 9.661 menos con derecho reconocido, un 29%. Y eso que la población mayor de 85 años ha aumentado en Aragón en algo más de 5.000 personas en los últimos años. Cuando en España, el gobierno del PP ha conseguido reducir la lista de espera sensiblemente, el PP-PAR en Aragón la ha aumentado: en 2011 había un 26,7% de lista de espera y hoy tenemos un 29%: casi 7.000 dependientes reconocidos esperando recibir alguna prestación antes de morirse.
Lo decimos nosotros, a la luz de los datos oficiales del IMSERSO. Pero lo dice el mismo IMSERSO en su Avance de la Evaluación a 31 de diciembre de 2014. Lo dice el Informe anual del Justicia de Aragón de 2014, quejándose amargamente de cómo “la Administración rechazó prácticamente todas las sugerencias en las que el Justicia ponía en evidencia retrasos en la aplicación de la Ley de la Dependencia”. Más recientemente, la Cámara de Cuentas de Aragón emitió su Informe 2015, Informe de Fiscalización del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Ejercicios 2012 y 2013, con unas denuncias sobre retrasos, incumplimientos y deficiencias de gestión que serían para pedir perdón y marcharse en silencio por la puerta de atrás. En 25 millones de euros calculaba la cuantía de los ahorros que se guardaron en el cajón y que son de las personas en situación de dependencia que llevan años esperando. Quizás eso se podría denunciar como delito…, reducir el déficit público a costa de los dependientes y sus familias.
Aún más. El Gobierno de Aragón, su Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, el señor Oliván, justifica esta disminución de beneficiarios e incluso la larga lista de espera con el argumento de que quieren cumplir la ley, ofreciendo más servicios, que son más caros, en vez de prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar, que son más baratas. Efectivamente, la Ley dice que los servicios son prioritarios frente a las prestaciones económicas que se habían convertido en mayoritarias porque los gobiernos no han sido capaces de ofrecer servicios de calidad.
Pues bien, en España han aumentado un 19,5% los servicios y han disminuido un 9% las Prestaciones Económicas Familiares. Pero en Aragón han disminuido los servicios un 8,7%. Y también han disminuido las Prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar, pero en este caso el 44,7%, 6.875 dependientes menos recibiendo esta ayuda. El problema de fondo es que el Gobierno en Aragón no ofrece servicios. Ni hay servicios de promoción y prevención, ni hay Teleasistencia, ni Ayuda a domicilio dentro del sistema de dependencia. En España suman casi un 30% (29,85%) todos esos servicios que, si estuvieran en Aragón, supondría exactamente la eliminación de la lista de espera.
Los derechos que no se garantizan no puede decirse que sean derechos. Y la Ley de Promoción de la autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia garantiza el derecho a recibir alguna prestación a todos los que hayan sido valorados como dependientes con derecho. Al menos, mientras no se derogue esa Ley.
¿Qué delito han cometido en Aragón nuestras madres y nuestros padres, nuestras abuelas y abuelos dependientes, para tener que aguantar a unos gobernantes que prefieren escuchar y cumplir las reclamaciones de los banqueros delincuentes y los políticos vendidos al discurso de la austeridad en vez de escuchar y cumplir nuestras leyes, nuestros derechos, nuestras reclamaciones? Incluso están reclamando a muchos discapacitados que devuelvan un dinero cobrado “indebidamente”, dicen, cuando ha sido por negligencia de la propia Administración.
Ahora que se acercan las elecciones, la señora Gavín está pagando retrasos a dependientes que esperaban sus ayudas desde 2011, pero les roban 30 meses a los que tienen derecho y les amenazan con retirarles la ayuda económica en cuanto les ofrezcan servicios; y ofrece un listado de empresas privadas para que contratemos en el mercado unas ayudas a domicilio carísimas, que no podemos pagar, con la promesa mentirosa de que cobraremos más adelante del Gobierno de Aragón cuando estos PP-PAR ya se hayan ido porque los habremos echado.
No les pedimos que dimitan porque ya no tienen tiempo de hacerlo, pero hay miles de ciudadanos, conscientes de sus derechos, que les van a echar, les van a botar a votos. Un montón de votos conscientes y democráticos. ¡Cuanto antes se vayan, mejor! Nosotros seguiremos en las calles, reclamando, exigiendo nuestros derechos.
Marea Naranja Aragón 