“Tengo 58 años y un 68 % de discapacidad. Vivo sólo. Me gustaría estar en un sitio que pudiera sentirme seguro y atendido. Hace unos dos años fui a preguntar a la Trabajadora Social y me dijo que tenía que pedir la Ley de Dependencia para poder solicitar una plaza en residencia. Así lo hice, y después de unos meses de haber venido a mi casa una señorita, me escribieron una carta que ponía que tenía un grado I de dependencia. No sé muy bien lo que significa esto, pero sí que al final me dijeron que no tenía derecho a pedir una residencia pública.
Yo sólo cobro una Pensión No Contributiva de unos 400 Euros y no puedo pagarme una residencia privada.
Ahí quedó mi idea de pedir residencia pública.
Hoy he ido a acompañar a un amigo al IASS y he aprovechado para comentar mi interés de ir a una residencia. Me han dicho que podía haberme acogido a una norma que salió hace unos días y que terminó el plazo el día 11 de este mes de noviembre. Que podía haber solicitado una plaza de residencia por esta vía, que al parecer, ha permitido un Plan llamado IMPULSO. Que dicen es un impulso para las entidades.
¡¡¡ME HE INDIGNADO ¡¡¡
Esta situación, que siendo inventada refleja casos reales que a diario vemos, es lo que ha provocado en muchas personas la normativa a la que hace alusión el supuesto afectado: La Orden de 17 de Octubre de 2013, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se regula el régimen de acceso y adjudicación de plazas a personas con discapacidad sin grado de dependencia reconocido o no efectivo, en el marco del Plan Impulso 2013 y el acuerdo suscrito entre el Gobierno de Aragón y las plataformas representativas de las personas con discapacidad para la optimización y la sostenibilidad de las entidades sociales y de sus actividades a través de los centros especiales de empleo y asistenciales.
Consideramos que este sistema de entrada en un servicio público o con dinero público, aun siendo legal, es en justicia criticable.
Criticable porque no se han utilizado las listas de espera públicas, ¿qué pasaría si en Sanidad se aceptasen como públicas operaciones quirúrgicas que no han sido derivadas desde lo público?. Criticable porque no ha existido una suficiente información a todo la población necesitada. Criticable por el escaso margen de tiempo ofrecido. Criticable por el desconocimiento en procesos, formas, instituciones beneficiarias,…
Como dice su enunciado y su contenido, está orientado hacia la optimización y sostenibilidad de la entidades sociales, ¿dónde queda la persona? ¿qué entidades sociales son esas? ¿Tienen ya los posibles usuarios beneficiarios buscados o tienen que ir a la búsqueda de los mismos en sus listas? ¿Por qué se ataca la sostenibilidad del sistema público de Servicios Sociales y se apoya lo privado?
Desde Marea Naranja abogamos por unos servicios públicos de calidad para cuando las personas los necesitan, habiendo sido adecuadamente valorados con escalas objetivas y en condiciones de igualdad y equidad con el resto de solicitantes que han tenido las mismas oportunidades de enterarse del proceso y acceso a dichos servicios.
Consideramos que estos principios podría haber sido vulnerados con esta norma. Estamos sufriendo un progresivo desmantelamiento y deterioro de todo lo público. A todo ello nos oponemos rotundamente y decimos ¡¡¡¡ basta ya ¡¡¡¡
Marea Naranja Aragón 